La Corte Internacional de Justicia emitió hace unas horas el fallo relacionado con la demanda que presentó Nicaragua contra Colombia el 26 de noviembre de 2013, en la cual ese país solicitó a la Corte declarar que nuestro país habría violado ciertos “derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”.

Al iniciar el gobierno en agosto de 2018, asumí, por mandato constitucional, entre otros, la responsabilidad de defender los intereses de la Nación y su soberanía, frente a los casos que se encontraban en curso ante la Corte Internacional de Justicia. El proceso estaba avanzado. La posición de Colombia había sido clara en afirmar que, como lo establece la Constitución y lo ratificó la Corte Constitucional en 2014, los límites de nuestra Nación solo se pueden modificar mediante un tratado ratificado por el Congreso de la República.

Es razonable que los límites preexistentes de un país que determinan un eje axial del Estado sólo puedan ser modificados por medio de un tratado. Mi gobierno, como era lógico, mantuvo esa posición del Estado colombiano.

Además, Colombia sostuvo que era esencial definir las libertades, derechos y deberes de cada país en el área. Defendió la presencia de Colombia en el Mar Caribe y contrademandó a Nicaragua. Nuestro país no podía dejar de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, pues ello hubiese implicado exponer a Colombia a que la Corte solamente atendiera las pretensiones de Nicaragua.

Colombia ha defendido política de Estado

La defensa de Colombia se ha estructurado como una política de Estado. Desde la primera de las demandas interpuesta por Nicaragua en 2001, hasta la fecha, cuatro gobiernos sucesivos hemos asumido con responsabilidad patriótica y apego a la Constitución la tarea de defender los intereses nacionales, nuestros derechos y nuestra soberanía.

Las pretensiones iniciales de Nicaragua eran exorbitantes. Dicho país pretendió que se declarara que las islas del Archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no pertenecían a Colombia. De igual manera, pretendió que se declarara que el tratado Esguerra-Bárcenas era inválido.

En el fallo de 2012, la Corte ratificó lo que había dicho en su decisión de excepciones preliminares en 2007: las islas y los cayos del Archipiélago pertenecen a Colombia. Así mismo, estableció la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, pero consideró que dicho tratado no implicaba una delimitación marítima. Por esa razón la Corte delimitó las Zonas Económicas Exclusivas entre Nicaragua y las islas colombianas.

En noviembre de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. Ello significa que la Corte Internacional de Justicia no puede conocer de nuevas demandas contra Colombia a partir del 26 de noviembre de 2013. Fue precisamente antes de esa fecha que Nicaragua demandó nuevamente, iniciando el proceso decidido por la Corte.

El fallo convalida defensa de Colombia

La estrategia jurídica de Colombia ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy define aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa:

En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejercer el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza, como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó el 17 de marzo de 2016.

La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy.

En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, y todas las islas que lo conforman, se mantiene. La Zona Contigua que Colombia estableció en el Archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional.

Además, la Corte aceptó que la Zona Contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico.

En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que, además, están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva colombiana, tal y como lo han venido haciendo históricamente.

En cuarto lugar, la Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte censuró que Nicaragua pretendiera con ese decreto apropiarse de aguas que no le pertenecen. Y resaltó que dicho decreto violaba los derechos y libertades de nuestro país. La contrademanda de Colombia en contra de Nicaragua fue acogida por la Corte.

En quinto lugar, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado, aprobado por el Congreso no ha sido cuestionado por la Corte, a pesar de la insistencia de Nicaragua.

La Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto hasta que Colombia garantizara el cumplimiento del fallo de 2012.

Colombia ha promovido las vías diplomáticas

En ejercicio de su soberanía, Colombia inició conversaciones con Nicaragua desde diciembre de 2012 con el objetivo de buscar una alternativa no litigiosa y en consonancia con el derecho internacional. Estas avanzaron en su momento, hasta que Nicaragua cerró la puerta en 2014. Desde mucho antes, Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas.

En todas estas ocasiones Nicaragua, antes y después del fallo de 2012, no ha permitido avance alguno en esa dirección.

A Colombia, como a cualquier nación democrática, le preocupa también cómo el gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura, que desconoce los derechos fundamentales de la oposición, la prensa libre, la iniciativa privada y las libertades ciudadanas. En una dictadura no hay respeto al Estado de derecho ni a los pilares democráticos.

En las ocasiones en que Colombia procuró una aproximación para resolver estos litigios mediante un acuerdo directo, el gobierno de Nicaragua cerró la puerta. Hoy el ánimo litigioso de dicho país es una práctica recurrente que también se ha puesto en evidencia con otros Estados de la región.

Defensa del pueblo raizal

Desde el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, de este Archipiélago histórico e indivisible, el Gobierno Nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra Nación. El pueblo raizal ha sido un actor fundamental en la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Su participación en la estrategia jurídica, así como en las audiencias de La Haya, es una voz clara y contundente para el reconocimiento de los derechos ancestrales de pesca. Pero también para recordarnos el valor de una nación multicultural y vibrante, que convive bajo este hermoso territorio.

Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Así mismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área.

Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago, histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, así como defender de manera irrestricta y permanente a su población. También lo es defender los más altos intereses de Colombia en el Mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no hay, no puede haber, titubeos ni ambigüedades. La decisión de mi gobierno es cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con determinación y patriotismo. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios.

Unidad para defender la integridad

Todos los colombianos tenemos que estar unidos en esta causa. La defensa de la integridad nacional y de nuestros límites no puede obedecer a banderas políticas o ideológicas. Es un mandato constitucional.

Y desde este territorio, acompañado por el Gobernador de este Archipiélago, por el Alcalde de Providencia y Santa Catalina, por la comunidad raizal, por los altos funcionarios del Gobierno, por la cúpula militar, enviamos este mensaje a nuestra Nación:

Hoy estamos más unidos que nunca para defender esta integridad de nuestro territorio, para defender al pueblo raizal y para mantener claro este principio de que este Archipiélago es histórico e indivisible.

Fuente: presidencia